BOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano escuchó el jueves nuevos testimonios en el marco de la investigación que adelanta contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral con la que obtuvo la victoria en 2022.
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La Comisión legislativa de Investigación y Acusación, con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros aforados, escuchó a testigos clave en diligencias reservadas: el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, su auditora, María Lucy Soto, y Euclides Torres, un empresario que habría aportado dinero.
Aunque no se hizo público el contenido de los testimonios, Torres negó a través de un comunicado haber aportado dinero a la campaña presidencial de Petro y aclaró que “solo” lo hizo “con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato”, sin especificar en qué consistieron.
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También negó que luego hubiera salido beneficiado en contrataciones estatales del gobierno de Petro.
“Las declaraciones vertidas por los mencionados testigos serán formalmente incorporadas al expediente en el que se estudia la legalidad y regularidad de los gastos de la campaña presidencial”, indicaron en un comunicado los tres representantes a la Cámara que fungen como investigadores del caso.
La Comisión de congresistas investiga al presidente a raíz de las revelaciones que surgieron en torno a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, sobre presuntos aportes irregulares de campaña. Petro Burgos fue llamado a juicio por la fiscalía por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los investigadores agregaron que escucharán en próximas diligencias a más testigos como Samuel Santander Lopesierra, quien cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos, y Alfonso del Cristo Hilsaca, un empresario del norte del país que ha tenido cuestionamientos de la justicia pero no ha sido condenado.
Petro Burgos es investigado por presuntamente recibir miles de dólares de Lopesierra e Hilsaca de “manera no justificada” para incrementar su patrimonio económico, según ha señalado la fiscalía.
El abogado defensor del presidente, Mauricio Pava, señaló el jueves en un comunicado que no hay “asomo de alguna responsabilidad atribuida al presidente” luego de que la Comisión de congresistas haya indagado en el manejo de la campaña y los aportes y contribuciones de particulares.
“Seguiremos colaborando para que haya la más completa recepción de testimonios y documentos, sin excepción alguna, que permita a los investigadores anunciar pronto sus conclusiones”, agregó Pava.
Los congresistas que integran la Comisión deberán después decidir si archivan la causa o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes. Ahí se estudiaría la acusación y, si es aprobada en pleno, se trasladaría al Senado que se encargaría enjuiciarlo.
Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial.