BOGOTÁ (AP) — Cuatro sospechosos del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci aceptaron cargos el lunes ante un juez de Colombia, asumiendo su participación en ese crimen, indicó a The Associated Press un funcionario de la fiscalía que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.
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La fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Uno de ellos, el venezolano Wender Scott Carrillo, habría sido el que disparó. Francisco Luis Correa Galeano, quien se habría encargado de la logística y la financiación, fue el único que no aceptó cargos.
La hipótesis de las autoridades colombianas apunta a que el crimen tendría relación con las investigaciones que adelantaba Pecci contra el terrorismo internacional. El agente fiscal investigaba a la organización criminal Primer Comando Capital, originada en Brasil y con presencia en Paraguay, y también participó en la operación “A Ultranza PY” contra del tráfico de drogas hacia Europa.
La audiencia se realizó bajo reserva debido a amenazas que ha denunciado el juez del caso en Colombia. Uno de los procesados hizo “manifestaciones amenazantes”, según dijo el juez el viernes durante otra audiencia.
El asesinato del fiscal contra el crimen organizado ocurrió el 10 de mayo por la mañana en una playa privada de la península de Barú, en Cartagena, cuando se encontraba disfrutando de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien resultó ilesa.
De acuerdo con la fiscalía, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve se hospedaron en el Hotel Decameron de Barú para seguir a Pecci e informar de sus movimientos al resto de la banda. El día del crimen dos hombres llegaron en una moto acuática a la playa privada y Scott Carrillo le habría propinado tres disparos al fiscal, causando su muerte. Un quinto integrante, Eiverson Zabaleta Arrieta, sería el encargado de transportar posteriormente a los sicarios.
Las cinco personas fueron capturadas el viernes en Medellín, en el noroeste del país, donde se refugiaban en dos casas en las que se encontró un arma de fuego, sitio al que las autoridades arribaron luego de que una “fuente humana” reveló su ubicación. Colombia ofrecía hasta 500.000 dólares de recompensa por información que ayudara en la pesquisa.