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Londres reduce controles y se desliga del TJUE en su ruptura del Protocolo norirlandés

El Gobierno de Reino Unido ha acometido este lunes la anunciada modificación unilateral del Protocolo de Irlanda del Norte pactado por el Brexit y ha presentado una ley con la que quiere reducir controles y burocracia en el comercio con el Úlster y que deja fuera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la resolución de disputas.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Protocolo fue pactado en su día por Londres y Bruselas para evitar una 'frontera dura' en el Úlster e implica que Irlanda del Norte sigue dentro del mercado común europeo. En la práctica, esto obliga a las autoridades británicas a introducir controles en el tráfico de mercancías con la isla de Gran Bretaña, que sí quedó al margen del mercado único.

Londres sostiene que es momento de poner fin a una situación "insostenible", en la que la población de Irlanda del Norte recibe un trato "diferente" al del resto de ciudadanos británicos, al tiempo que llama a "proteger la supremacía de los tribunales (de Reino Unido) y la integridad territorial".

Para la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, que este mismo lunes avanzó la inminente presentación de la ley en contactos con la Comisión Europea y con Irlanda, ha defendido que se trata de una "solución razonable y práctica" a los "problemas" actuales, sin que ello suponga la imposición de una "frontera dura" o violar, a su juicio, el mercado común.

Asimismo, el Gobierno de Boris Johnson ha defendido la necesidad de tomar medidas para "preservar la paz y la estabilidad", en vista del temor a que la actual incertidumbre política en Irlanda del Norte pueda dar al traste con los acuerdos de paz de 1998.

Desde que se consumó el Brexit y Londres amenazó con romper con el protocolo negociado con los Veintisiete, la Unión Europea ha avisado al Gobierno británico de las consecuencias de medidas unilaterales en tanto que supondría violar un Tratado internacional como es el acuerdo de divorcio firmado entre las partes, al tiempo que se ha ofrecido a negociar modificaciones que no supongan reabrir el pacto de fondo.

La Comisión Europea, de hecho, expedientó a Reino Unido en marzo del pasado año cuando constató los primeros incumplimientos del régimen negociado para el Úlster pero aparcó el procedimiento de infracción en junio para tratar de favorecer una solución negociada, sin que se hayan logrado avances desde entonces.

CUATRO APARTADOS

Londres mantiene que su voluntad sigue siendo la de encontrar una solución negociada con Bruselas y afea a la parte europea su supuesta falta de voluntad de cambiar el Protocolo y arreglar los "problemas prácticos" surgidos tras su puesta en práctica.

La nueva ley contempla cambios en cuatro frentes, entre ellos una revisión de carácter burocrático para reducir costes y papeleo en el comercio interior británico al tiempo que se mantienen "pelnos controles" para aquellos bienes que sí terminen entrando en territorio de la UE.

Las empresas también podrán determinar si sus bienes deben regirse por la normativa de Reino Unido o por la de la UE, para evitar la supuesta discriminación de productos británicos, mientras que Irlanda del Norte podrá beneficiarse de las mismas exenciones fiscales y políticas de gasto que el resto del país, por ejemplo en rebajas del IVA.

Londres aspira igualmente a "normalizar" que cualquier posible disputa sea resuelta por un sistema de arbitraje independiente y no por el TJUE, cuya implicación última ha sido durante estos últimos años motivo recurrente de disputas en las negociaciones.

El Gobierno de Johnson mantiene que su objetivo último sigue siendo llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, aunque año y medio después del inicio del diálogo las partes siguen sin llegar a un mínimo acuerdo. Bruselas insta a Londres a cumplir lo firmado, alegando que lo contrario viola el Derecho Internacional.

A la controversia se ha sumado además la inestabilidad política de Irlanda del Norte, que no ha arrancado la actividad parlamentaria tras las últimas elecciones por la negativa del Partido Unionista Democrático (DUP) a iniciar los trabajos si no había antes una modificación del Protocolo.

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