MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
"Basándose en entrevistas con rohingya y trabajadores humanitarios desde 2012 hasta el presente, HRW documenta cómo las autoridades han capitalizado la campaña de limpieza étnica lanzada en junio de 2012 para segregar y confinar a una población que durante mucho tiempo habían tratado de sacar de la vida cotidiana en el predominantemente país budista", ha asegurado la organización en un comunicado.
A través de entrevistas individuales y de la recopilación de imágenes y videos de varias víctimas, HRW ha acusado a las autoridades de Birmania de haber cometido crímenes contra la humanidad, así como de perseguir y encarcelar a los rohingya, a los que habría privado de su libertad y amenazado de muerte.
"La inflexible opresión del pueblo rohinyá por parte de la junta militar de Birmania es el resultado previsible de que los militares no enfrentan las consecuencias de su década de limpieza étnica y sistema de apartheid", ha asegura la investigadora sobre Asia de HRW Shayna Bauchner, que ha reprochado a los países que solo se preocupen ahora de la situación en el país.
HRW ha sostenido que, tras la supuesta campaña de limpieza étnica lanzada en 2012, los funcionarios municipales y de la guardia fronteriza habrían comenzado a obligar a los rohingya a trasladarse a campamentos para ser luego sellados con cercas de alambre de púas y puestos de control militares.
Así, las severas restricciones al movimiento y a los medios de subsistencia y la ayuda humanitaria habrían empeorado las condiciones de vida inhumanas en dichos campamentos, según ha detallado la organización, que ha enfatizado que los datos de la agencias humanitarias "revelan un número creciente de muertes prevenibles".
"La violencia de 2012 y el desplazamiento resultante coincidieron con la incipiente transición de Birmania hacia un gobierno civil democrático. El aumento de la opresión tanto en la política como en la práctica inflamó el sentimiento antimusulmán en todo el país, lo que sentó las bases para las atrocidades militares más brutales y organizadas de 2016 y 2017", ha increpado HRW.
Asimismo, la ONG ha denunciado que, entonces, los gobiernos extranjeros habrían levantado sanciones "en lugar de intentar responsabilizar a los responsables de la violencia y el posterior apartheid estatal", a diferencia de como habrían hecho en 2021, tras el golpe de Estado promovido por el Ejército.
"En cambio, en febrero de 2021, las fuerzas de seguridad dieron un golpe de estado y detuvieron a los líderes civiles del país, lo que hizo que Birmania volviera a estar bajo el régimen militar. La junta ha respondido a la amplia oposición con una brutal represión a nivel nacional que refleja las tácticas empleadas durante mucho tiempo en el estado de Rakhine", ha explicado HRW en el escrito.
Además, tal y como explica, el golpe de Estado habría traído nuevas restricciones de movimiento y bloqueos de ayuda a los campamentos de los Rohingya.
"Una década es un hito sombrío para los 135.000 rohingyas detenidos en los campos de Myanmar cuyos relatos de privaciones reciben escasa atención internacional", ha añadido.