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CEAR critica que la reforma del reglamento de Extranjería excluya a los refugiados para acceder al mercado laboral

El Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha lamentado este jueves que el reglamento de Extranjería que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones excluya a los refugiados a la hora de acceder al mercado laboral.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado la directora de Políticas y Campañas de la entidad, Paloma Favieres, durante la rueda de prensa que ha ofrecido CEAR en el Congreso para presentar su informe sobre los refugiados en Europa y España en 2021.

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En su intervención ha explicado que conoce el borrador del Gobierno porque forman parte del Foro para la Integración de Inmigrantes a cuya comisión jurídica, según ha señalado, CEAR ya ha realizado sus aportaciones.

Y, en este sentido, ha criticado que la reforma vaya a "apuntalar" la instrucción que en su día realizó la dirección general de migraciones y que "excluye a los solicitantes de asilo de poder acceder al mercado laboral porque sigue insistiendo y prevaleciendo la situación de irregularidad".

"Por tanto los solicitantes de asilo quedarían de ese desarrollo nuevo del arraigo laboral", ha insistido Favieres, antes de señalar que no son la única entidad que ha criticado este punto del texto. "Satisfechas no estamos", ha apuntado.

Para la directora general de la ONG, Estrella Galán, esta postura del Ejecutivo se debe a que "no quieren que se utilice el asilo para acceder a un proceso de regularización a través de ese arraigo". En este sentido, ha defendido "otros filtros" y la apertura de "otras vías" para que los extranjeros "no tengan que recurrir al asilo para conseguir arraigo en el país".

Aún así, CEAR ha reconocido que esta reforma supone "avances" como la adaptación del reglamento a la reforma laboral, en materia de arraigo familiar o los puntos sobre contratación en origen.

Sí difieren, según ha indicado Favieres, en el no planteamiento de una regularización de personas en situación irregular como consecuencia de la pandemia o la no flexibilización de los plazos de arraigo, que actualmente es de tres años, y que la entidad propone que se rebaje a 18 meses.

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