MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
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El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha expresado este viernes su confianza en que "antes de verano" pueda haber un acuerdo político para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de tres años caducado.
"Yo tengo confianza en que puede haber acuerdo y que sea antes de verano, por supuesto", ha dicho en declaraciones a la prensa tras reunirse con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para hacerle entrega de las memorias del Poder Judicial de 2020 y 2021.
Al ser preguntado sobre si es mera confianza o si tiene indicios de que puede ser así, ha contestado que ambas cosas. "Es un deseo, pero yo creo que, por otra parte, lo que me llega es que hay voluntad de hacer un acuerdo", ha explicado el también presidente del Tribunal Supremo (TS).
Asimismo, ha aclarado que, hasta donde sabe, no es que el acuerdo esté hecho, sino que hay "voluntad". Así, ha apuntado que ve "probable" que las negociaciones políticas para pactar la renovación del CGPJ se retomen después de las elecciones andaluzas del próximo domingo.
Lesmes ha subrayado que cada vez que tiene ocasión, en sus encuentros tanto con Gobierno como con oposición, traslada a los distintos responsables políticos la necesidad de alcanzar un acuerdo para acabar con la "situación anómala" que supone llevar más de tres años con un CGPJ caducado. "Yo les insto y ellos me dicen que sí, que lo quieren hacer, otra cosa es que luego se pongan de acuerdo", ha señalado.
"ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL"
El presidente del CGPJ ha indicado que también ha transmitido su "preocupación" a Batet y que ambos coinciden en que debe haber una renovación para que "la cámara legislativa cumpla con su obligación constitucional", si bien al mismo tiempo ha recalcado que en realidad no "está en manos de la presidenta del Congreso porque esto al final es un acuerdo político".
En cualquier caso, ha reiterado que "la situación que vivimos es muy anómala". "Las instituciones se tienen que renovar en plazo. Es un mandato constitucional y la Constitución es una norma jurídica de obligado cumplimiento, no es algo que puede quedar al albedrío. Puede haber retrasos razonables, de un mes o dos meses, pero no situaciones patológicas como la que vivimos, de tres años y medio", ha enfatizado.
En la misma línea, Lesmes ha querido recordar que la situación del CGPJ ya es "insostenible" por cuanto está teniendo consecuencias en otros órganos judiciales, como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
"En el caso del Tribunal Supremo, se están produciendo vacantes constantemente y hay algunas de sus salas que, como continuemos en esta situación, no van a poder prestar servicio", ha alertado.
LA RENOVACIÓN DEL TC
En cuanto al TC, el pasado 12 de junio expiró el mandato de cuatro de sus doce magistrados. La Constitución dicta que la corte de garantías debe renovarse por tercios y este es el tercio correspondiente a Gobierno y CGPJ, que deben proponer dos cada uno. Sin embargo, la reforma legal que impide que el Consejo pueda hacer nombramientos discrecionales no permite que cumpla su parte, lo que arroja dudas sobre si Moncloa puede actuar sola.
Lesmes ha expuesto que "el Gobierno puede perfectamente nombrar" a sus dos aspirantes, "porque es una competencia que le corresponde en exclusiva". "La duda es si se pueden incorporar al TC sin los otros dos", ha acotado.
A este respecto, ha razonado que "la Constitución nos dice que la renovación es por tercios, no por sextas partes", por lo que "si se incorporaran dos y no cuatro la renovación sería por sextas partes, no por terceras partes, como dice la Constitución". "Ahí puede haber un problema de interpretación de la propia Constitución", ha augurado.
Por otro lado, ha confirmado que la situación de interinidad de instituciones que "son cruciales para el buen funcionamiento del Estado de Derecho, como es el TC o el CGPJ" preocupa en la Comisión Europea, con cuya vicepresidenta, Vera Jourova, se ha reunido esta semana en el marco de su visita a España para evaluar el Estado de Derecho de cara al informe que Bruselas emitirá el próximo julio. Lesmes ha anticipado que dicha preocupación aparecerá reflejada en el texto.