MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
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Preguntado en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros celebrado Arequipa, en el sur de Perú, Castillo ha detallado que sí acudirá a la comisión parlamentaria, aunque no ha querido dar más detalles.
"Sí, vamos a asistir", ha declarado el presidente peruano, para después continuar relatando los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado este martes y en el que se han tratado políticas agratias, ha informado 'El Comercio'.
Asimismo, el mandatario peruano ha detallado que ha tenido que solicitar la reprogramación de su citación en el Congreso de Perú, acordada para este martes a las 9.00 horas (hora local), para el próximo 27 junio, ya que se encontraba en la ruenión con su equipo de Gobierno lejos de Lima.
"Durante estos días se nos había notificado que el día de hoy a las 9.00 horas de la mañana mi persona tenía que estar en el Congreso de la República, en la Comisión de Fiscalización, para responder por el caso de Sarratea (...) Me he visto en la obligación de solicitar a esta comisión para que se posponga y tendré que ir porque cuando uno planifica un trabajo, tiene la gran responsabilidad de cumplir con la población", ha expresado Castillo, según el citado medio
Según la Fiscalía Peruana, el presidente de Perú sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva Villegas, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Por este motivo, Castillo es investigado por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Para los abogados de Castillo, este caso es "una investigación muerta, que nunca debió abrirse". Sus argumentos se basan en el artículo 117 de la Constitución de Perú que determina que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por hechos muy concretos y no por delitos comunes, y por eso considera que el caso es inconstitucional.