BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Alberto Fernández reclamó el miércoles la libertad de una activista social indígena condenada por fraude al Estado en un programa de construcción de viviendas para pobres hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida de manera definitiva.
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En un gesto que desató la ira de opositores, el mandatario viajó de imprevisto a la provincia de Jujuy -- unos 1.650 kilómetros al norte de Buenos Aires-- para visitar a Milagro Sala, líder del movimiento Tupac Amaru, quien se encuentra hospitalizada en terapia intensiva por una trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo, según el parte médico.
La dirigente social de 58 años cumple arresto, primero en una cárcel y luego en su domicilio, desde 2016 cuando la justicia jujeña inició numerosas investigaciones en su contra y por las cuales hasta ahora recibió dos condenas.
Fernández, un abogado especializado en derecho penal, consideró que Sala ha sido víctima de “persecución” por parte de la justicia argentina por prolongar su detención durante siete años cuando la única condena firme en su contra fue a tres años de cárcel por incitación a la violencia.
“Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos, detener preventivamente a gente antes de que la culpabilidad esté dispuesta es una forma de violar los derechos humanos”, señaló el presidente en una rueda de prensa. “Es un caso paradigmático en Argentina, no quiero que le ocurra a ningún argentino y argentina. Pido juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas y primen reglas del debido derecho”.
Sala, una defensora de las políticas populistas implementadas durante el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), también fue sentenciada en 2019 a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas para sectores de menores ingresos en Jujuy. Su defensa apeló la condena ante la Corte Suprema que todavía no se expidió.
“Les pido por favor a los tribunales jujeños y a la Corte Suprema de la Nación que empecemos a enmendar las barrabasadas jurídicas que se hicieron en años anteriores. Y que cesen de una vez y para siempre en Jujuy y en cualquier lugar de la República este tipo de acciones”, indicó Fernández.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, miembro de la principal fuerza opositora Juntos por el Cambio, manifestó en una carta abierta dirigida al mandatario nacional que “me sorprende que con la situación del país al borde del abismo, con una inflación descontrolada, con falta de energía y combustible, con desabastecimiento de algunos insumos y bienes para la producción, con medidas restrictivas que ahogan a nuestra economía, entre otros graves problemas del país, usted se tome el tiempo” para visitar a Sala.
“Es una delincuente condenada por corrupción y por haber esclavizado a los pobres con violencia. Le pido que gobierne para todo el Pueblo Argentino y no solo para una facción”, expresó Morales.
El caso Sala llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tras una misión enviada a la Argentina exigió en 2017 su arresto domiciliario tras constatar que permanecía detenida “en condiciones incompatibles con su dignidad humana”.