MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
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La cuestión sobre el censo poblacional ha despertado las críticas al Gobierno tanto de afines como de la oposición, esta última llegó incluso a convocar un paro indefinido en Santa Cruz, la principal región económica del país y bastión de los contrarios al Ejecutivo.
Algunos sectores oficialistas, por su parte, han acusado a Arce de plegarse a las presiones de la oposición al promulgar esta ley. Entre las voces más críticas destaca el expresidente Evo Morales, quien ha llegado a tildar la norma de "error histórico".
"La promulgación de la ley del censo por parte de nuestro hermano presidente Arce será un error histórico al ser la primera vez que un mandatario firma una ley que hace innecesario su propio decreto", ha trasladado Morales en su cuenta de Twitter, donde ha dejado entrever que esto podría ser consecuencia "premeditada" por la "oposición golpista".
Arce, por su parte, ha defendido que la ley ha sido aprobada por diputados y senadores y que no es una propuesta de la derecha, sino de parlamentarios del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y que no altera lo dispuesto en la Constitución, sino que sirve para garantizar que el recuento poblacional se lleva a cabo en 2024.
"Sé que existen personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político, pero quiero decirles que yo soy un militante más del MAS, que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano", ha dicho el mandatario, según recoge 'El Deber'.
De hecho, ha aprovechado la situación para acusar a la oposición en Santa Cruz de haber abandonado los espacios de diálogo, haciendo fracasar así un proceso de conversaciones que tenía el objetivo de alcanzar puntos comunes para tratar de "instrumentalizar el censo para sus ambiciones políticas".
El presidente Arce había fijado para marzo de 2024 la realización del censo, mientras que los opositores salieron a las calles durante varias semanas para exigir que el proceso se llevase a cabo un año antes, en 2023.
La legislación boliviana estipula que el censo poblacional debe realizarse cada diez años, si bien el último se produjo en 2012. El recuento de habitantes podría derivar en la ampliación de recursos económicos, así como un reajuste de la representación en el Parlamento.