MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
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El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) ha rechazado las acusaciones vertidas por Naciones Unidas sobre el asesinato de más de 130 civiles, incluida más de una decena de niños, en dos localidades situadas en el este de República Democrática del Congo (RDC).
El M23 ha dicho en un comunicado que está "atónito" por "descubrir que una organización del calibre de la MONUSCO puede realizar un trabajo tan chapucero", al tiempo que ha denunciado el "genocidio" en zonas bajo control del Gobierno y la decapitación de varias personas a manos del Ejército y grupos a los que supuestamente Kinshasa da apoyo, entre ellos la milicias Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).
El grupo rebelde ha manifestado que "la MONUSCO dice que estos sucesos tuvieron lugar de forma simultánea el 29 de noviembre en Kishishe y Bambo, pero desde el 21 de noviembre no ha habido combates en Bambo". "El M23 no da credibilidad al contenido del comunicado, lo rechaza y pide a la ONU que haga lo mismo, dado que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en RDC ha provocado la pérdida de reputación de la organización al alinearse con la coalición gubernamental", ha dicho.
"La MONUSCO reconoce que nunca ha estado sobre el terreno para llevar a cabo la investigación, a pesar de las demandas del M23 a todas las partes interesadas para acudir a Kishishe a llevar a cabo la investigación", ha resaltado, antes de preguntarse "por qué la MONUSCO eligió llevar a cabo una investigación tan importante en una zona situada a 30 kilómetros del lugar (de las matanzas)".
Así, el portavoz del grupo, Lawrence Kanyuka, ha hecho hincapié en que "el motivo por el que la MONUSCO no siguió las normas y principios de una investigación independiente es que ya había respaldado las cifras erróneas dadas por su aliado circunstancial en el Gobierno de RDC, así que no podía hacer nada que pusiera en peligro la credibilidad de su aliado".
"La MONUSCO ha violado el código de imparcialidad al dar una versión falsa de lo que realmente ocurrió ese día", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado "una investigación independiente por parte de personas totalmente íntegras e imparciales" sobre los sucesos "no sólo en Kishishe, sino sobre abusos y masacres en Bwiza, Kitchanga y sus alrededores".
Por otra parte, ha condenado "la naturaleza selectiva de las organizaciones humanitarias cuando se trata de personas desplazados en zonas bajo su control" y ha recordado que el 7 de diciembre "pidió a organizaciones humanitarias que dieran ayuda a 5.000 personas que buscaron refugio en zonas bajo su control, sin que hasta ahora haya habido una respuesta".
La MONUSCO indicó el miércoles que una "investigación preliminar" había permitido confirmar que "los rebeldes del M23 mataron al menos a 131 civiles --102 hombres, 17 mujeres y doce niños-- en actos de represalias contra la población civil entre el 29 y el 30 de noviembre en Kishise y Bambo", ambas situadas en la provincia de Kivu Norte.
"Las víctimas fueron ejecutadas de forma arbitraria a tiros o con armas blancas. Otras ocho personas resultaron heridas y 60 fueron secuestradas. Al menos 22 mujeres y cinco niñas fueron violadas", manifestó la MONUSCO en un comunicado publicado a través de su página web.
Así, resaltó que "esta violencia fue cometida en el marco de una campaña de asesinatos, violaciones, secuestros y pillajes contra estas dos localidades en el territorio de Rutshuru en represalia por los enfrentamientos entre el M23 y las FDLR --un grupo armado rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en Ruanda-- y grupos armados mai mai".
La MONUSCO detalló que durante las investigaciones han sido interrogadas 52 víctimas y testigos, así como otras fuentes, que han denunciado que el M23 atacó estas localidades entre el 29 y el 30 de noviembre "golpeando puertas, abriendo fuego contra civiles, saqueando bienes e incendiando casas".
En este sentido, desveló que los testigos han relatado que el M23 prohibió a la mayoría de los supervivientes abandonar la zona. "Elementos del M23 enterraron los cuerpos de las víctimas, lo que podría ser un intento de destrucción de pruebas", apuntó la MONUSCO, que dijo que no ha podido acudir a dichas localidades por "motivos de seguridad".
"Las investigaciones tuvieron lugar en Rwindi, a 20 kilómetros de Kishishe, donde hay una base de la MONUSCO y donde las víctimas y testigos han hallado refugio después de los incidentes", manifestó, antes de mostrar su deseo de acudir a Kishishe y Bembo "para continuar las investigaciones".
"La MONUSCO condena en los términos más firmes la violencia innombrable contra los civiles y pide un acceso sin restricciones al lugar de los hechos y a las víctimas para dar ayuda humanitaria de emergencia", reseñó, al tiempo que aplaudió la decisión de las autoridades congoleñas de abrir procedimientos judiciales contra los responsables de estos actos.
En este contexto, reiteró su llamamiento al "cese inmediato de la violencia contra los civiles" y reclamó a todos los grupos armados "congoleños y extranjeros" que "depongan inmediatamente las armas y participen en los respectivos procesos de desmovilización, desarme y reintegración o repatriación, según sea el caso".
El M23 ha sido acusado desde noviembre de 2021 de llevar a cabo ataques contra posiciones del Ejército en Kivu Norte, a pesar de las autoridades congoleñas y el M23 firmaron en diciembre de 2013 un acuerdo de paz tras los combates registrados desde 2012 con el Ejército, que contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas. Expertos de la ONU acusaron a Uganda y a Ruanda de apoyar a los rebeldes, si bien ambos países lo negaron.
SANCIONES DE LA UE
Por otra parte, la Unión Europea (UE) anunció el jueves su decisión de agregar a ocho personas a su lista de sanciones contra RDC, que fueron además prorrogadas durante un año. Entre los sancionados hay cinco miembros de "grupos armados" --M23, FDLR, Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO) y mai-mai--, un militar, un político y un empresario belga.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) indicó que "la mayoría de ellos son responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos y abusos por sostener el conflicto armado en RDC", mientras que "otros han sido sancionados por incitar a la violencia y explotar el conflicto a través de la explotación o comercio ilícito de recursos naturales".
"En total, 17 personas están sometidas a medidas restrictivas de la UE, que han sido renovadas hasta al 12 de diciembre de 2023 y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de fondos. Además, los ciudadanos y compañías de países de la UE tienen prohibido dar fondos a los sancionados", explicó.
Así, explicó que la decisión fue adoptada "en el contexto de la postura integrada de la UE en apoyo a los esfuerzos de las autoridades de RDC para lograr una paz duradera y estabilizar la parte oriental del país".
El SEAE defendió además que es además una prueba de "la interacción activa de la UE en la región de los Grandes Lagos con la intención de contribuir a abordar las causas subyacentes de la inseguridad y transformarlas en oportunidades para los países de la región y sus poblaciones". "El Consejo seguirá supervisando de cerca la situación en el país y podría considerar medidas restrictivas adicionales a la luz de los acontecimientos", zanjó.