MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
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Como resultado del fallo, Bolivia deberá pagar una indemnización a las 26 personas procesadas en el caso 'Blas Valencia'. La causa lleva el apellido del ahora exjefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a su banda delictiva, un atraco armado a una furgoneta de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos, dos policías y un civil, según ha informado la agencia ABI.
"El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la vida privada, al domicilio, a la protección de la familia, al derecho de propiedad, a la integridad personal", se lee en la sentencia de la CIDH, refiriéndose a los procesados en el operativo de 'Blas Valencia', por el cual se intentó capturar a los sospechosos del atraco a una camioneta que transportaba dinero en diciembre de dicho año.
Según el ente interamericano, los allanamientos nocturnos afectaron "de forma desproporcionada" los derechos de los niños y adolescentes presentes, así como el derecho a la vida familiar. Asimismo, las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones, según recoge el comunicado.
En este sentido, la CIDH ha considerado que el Estado de Bolivia violó el derecho a la vida de una de las víctimas que murió a consecuencia de una falta de atención médica adecuada. Además, una de las víctimas sufrió un aborto a consecuencia de la violencia sexual sufrida y no contó con atención médica adecuada, por lo que se consideró además una violación al derecho a la salud.
Las víctimas, además, fueron exhibidas a la prensa como autores del atraco a la camioneta cuando ni siquiera habían sido objeto de una imputación formal, por lo que se ha considerado que se afectó el principio de inocencia.
Debido a las violaciones que habría llevado a cabo el Estado boliviano, la CIDH ha ordenado diversas medidas de reparación, entre las que se encuentra la revisión de la sentencia condenatoria a las víctimas, el establecimiento de protocolos para la realización de allanamientos y otros actos de investigación judicial en donde estén presentes niños, niñas y adolescentes, así como el pago de sumas indemnizatorias a las víctimas.