MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El principal objetivo del Ejecutivo es frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha, al que se atribuyeron en 2022 más de 45.000 llegadas. Al menos 44 personas murieron en esta zona el año pasado, mientras que este año ya han perecido al menos 13, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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Braverman ha abogado por "detener los barcos que están llevando a decenas de miles de personas a las costas", para lo cual ha puesto sobre la mesa una ley que preocupa a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pero que, según Londres, respeta en todas sus variables el Derecho Internacional.
Reino Unido tendrá el "deber" de expulsar a quienes intenten acceder al país de forma irregular y tan sólo permitirá que se queden aquellas personas con un "riesgo real de daños graves e irreversibles", menores de edad o enfermos graves. El resto serán expulsados con efecto inmediato, y no necesariamente a su país de origen.
La nueva norma prevé que, hasta la expulsión, los migrantes puedan permanecer detenidos hasta 28 días sin necesidad de comparecer ante un juez, mientras que se establecerá una cuota anual --aún por determinar-- para limitar la acogida de refugiados en Reino Unido.
"Para el Gobierno, no responder a las olas de migrantes ilegales que cruzan nuestras fronteras sería traicionar la voluntad del pueblo que nos ha elegido", ha explicado Braverman, que ha defendido no obstante el compromiso del país para acoger a personas que huyen de zonas en conflicto como Ucrania o Afganistán, informa la BBC.
El Partido Laborista teme que esta nueva legislación acreciente el "caos" migratorio. "Necesitamos una acción seria para frenar los peligrosos cruces de barcos (....), pero lo de hoy es como el día de la marmota", ha afirmado la opositora Yvette Cooper en la Cámara de los Comunes.
