BUENOS AIRES (AP) — En protesta por la pobreza que alcanza a cerca del 40% de la población argentina y una inflación que no da tregua, organizaciones sociales y políticas bloqueaban el miércoles múltiples calles y rutas del país, incluidos los principales accesos a la capital.
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Organizaciones izquierdistas que reclaman al gobierno del peronista Alberto Fernández más ayuda social para contrarrestar el deterioro económico, tienen previsto llevar a cabo a lo largo del día un “Piquetazo Nacional” con 120 cortes en Buenos Aires y una veintena de provincias en protesta por los “18 millones de pobres e indigentes” de una población total de 45 millones.
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Ante la mirada de los agentes de policía, cientos de integrantes del Polo Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores desfilaban por rutas desiertas de automóviles con grandes banderas en las que apuntaban contra el hambre que sufren muchos argentinos.
La protesta se organizó pocos días después de que se conociera que la pobreza aumentó a 39,2% en el segundo semestre de 2022 en medio de un contexto de aceleración de la inflación. De ese porcentaje, un 8,1% son indigentes, es decir, que no cubren sus necesidades de alimentos. En total, unas 18,6 millones de personas tienen problemas para subsistir en Argentina.
En 2022 el país sudamericano terminó con una inflación de 94,8%, una de las tasas más altas del mundo. En tanto, la inflación anual alcanzó el 102,5% en febrero, la primera vez que llega a los tres dígitos desde 1991, y está previsto que los precios se disparen este año, sumergiendo a más personas en la pobreza.
Las protestas contra el gobierno se han recalentado en pleno año electoral en el que el peronismo se juega su permanencia en el poder.
Los manifestantes están en contra de las políticas de ajuste que el Fondo Monetario Internacional exige al país y que, según denuncian, se profundizará en las próximas semanas con bajas en los planes sociales y recortes en los presupuestos de salud y educación.
También piden más comida para los comedores populares a los que acuden millones de personas diariamente en los barrios más humildes y una profundización del programa gubernamental que garantiza trabajos precarios remunerados a sus beneficiarios.
El gobierno anunció una baja de varias decenas de miles de beneficiarios, lo que ha agudizado el malestar de los dirigentes de las organizaciones que agrupan a esos trabajadores de la economía informal.
