La violencia y las disputas territoriales entre cárteles del narcotráfico en una parte de la frontera entre México y Guatemala suscitó acciones del Ejército, que este 30 de mayo provocaron choques con pobladores en una comunidad del municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas.
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El martes, efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones estatales fueron los que chocaron con pobladores que impedían su ingreso a la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez, de Frontera Comalapa.
Las autoridades de Chiapas no informaron de heridos ni víctimas, pero la tensión va en aumento y organizaciones de derechos humanos están advirtiendo de la vulnerabilidad de las comunidades.
Pobladores difundieron en los últimos días audios a través de WhatsApp en los que alertaban sobre el reclutamiento por la fuerza de hombres y jóvenes para engrosar las filas de las organizaciones criminales.
Los vecinos bloquearon la entrada a las Fuerzas Armadas con vehículos, palos y piedras, pero los militares usaron gases lacrimógenos y lograron pasar sin que las autoridades informaran de ninguna víctima ni de heridos.
“Nos han saqueado las casas; hay un rancho allá, el Ejército entró y se llevó tanque de gas, todo el equipo del campo, ¿eso es salvaguardar al pueblo?”, le recriminó un vecino a los militares frente a las cámaras de AP.
En México, tan habitual puede ser que sociedad civil y campesinos tengan miedo a los militares, muchas veces acusados de abusos, como que los cárteles usen a ciudadanos de a pie, bajo amenazas o pagos, para que les ayuden.
La frontera sur mexicana se extiende por casi mil kilómetros de montañas y selva con cientos de cruces irregulares y esta área, la más occidental del límite con Guatemala, es una zona de intensa actividad del crimen organizado, muy militarizada desde hace décadas y reforzada en los últimos años con nuevos despliegues para contener el flujo migratorio.
En las últimas semanas, la violencia ha aumentado en una franja de unos 80 kilómetros de frontera por disputas territoriales entre el Cártel de Sinaloa, que controlaba tradicionalmente la región, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación que quiere apoderarse de rutas estratégicas para trasiego de drogas, armas, dinero y migrantes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa denunciaron el desplazamiento de unas tres mil personas debido a los más recientes enfrentamientos.
Según explicó a AP Luis Abarca, del Digna Ochoa, los armados “estaban incursionando en domicilios buscando a gente que consideraban rivales” y utilizan “drones con explosivos y armas de alto calibre”.
El Frayba, en un comunicado del domingo, dijo que unas personas estaban “buscando albergues provisionales y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro, pero muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo”.
Esta organización afirmó que una mujer murió por fuego cruzado y dijo que pobladores vieron vehículos conocidos como “monstruos”, que realizaban labores de vigilancia en carreteras rurales y que denunciaban que las fuerzas de seguridad veían pasar camionetas con civiles armados sin hacer nada.
La Red TDT, que reúne a colectivos de derechos humanos de todo el país, señaló el viernes que los más recientes conflictos entre cárteles han traído consecuencias “devastadoras” para sus habitantes: desde robos, extorsiones y secuestros hasta levantamiento de puestos de comercio y despojo de otros medios de vida.
Todos los colectivos denunciaron la falta de actuación por parte de las autoridades y exigieron atención y ayuda para la población civil que se está viendo afectada.
Abarca dijo que algunos de los desplazados solo han recibido alguna ayuda de miembros de protección civil de Chicomuselo, otro municipio afectado, y temió que una vez que se replieguen del área las Fuerzas Armadas todas esas comunidades queden más desprotegidas.
En octubre pasado se reveló mediante el hackeo de Guacamaya Leaks que el Ejército mexicano tenía identificadas seis rutas del tráfico de drogas en Chiapas hacia el interior del país y los Estados Unidos, dos de ellas partían desde Frontera Comalapa.