MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
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"Estados Unidos está profundamente preocupado por la extensión del estado de emergencia por parte del régimen militar de Birmania, que se produce cuando el régimen hunde más al país en la violencia y la inestabilidad", ha señalado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
Washington, que ha subrayado que continuará trabajando para aplicar herramientas que "hagan que el régimen rinda cuentas", ha vuelto a pedir a las autoridades del país asiático que pongan fin a la violencia y atrocidades, que libere a los detenidos, que permita el acceso humanitario sin trabas y que busque justicia para los supervivientes.
"La brutalidad generalizada del régimen y el desprecio por las aspiraciones democráticas del pueblo de Birmania continúan prolongando la crisis", ha lamentado Miller, que ha recordado que la junta militar ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos, quemado decenas de miles de viviendas y desplazado a más de 1,6 millones de personas.
Por su parte, Naciones Unidas ha reaccionado brevemente al anuncio de la junta militar birmana, remarcando que se "han opuesto y siguen oponiéndose al golpe". "Queremos que vuelvan a un Gobierno democrático en Birmania lo antes posible", ha asegurado Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres.
Con esta nueva prórroga, aprobada durante una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la junta busca dar margen para que el país recupere la estabilidad y poder celebrar elecciones parlamentarias en el futuro, según ha informado el portal de noticias birmano The Irrawaddy.
Si bien la Constitución determina que el estado de emergencia solo puede estar en vigor durante un año, con una extensión de un máximo de dos, la junta militar birmana ha tomado la decisión incumpliendo la carta constitucional y aludiendo a que se trata de una "situación extraordinaria".
El golpe militar fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria, argumentando que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
El golpe se vio seguido por una dura campaña de represión contra contra opositores, activistas y manifestantes. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP) estima que más de 23.600 personas han sido detenidas desde el golpe de Estado, de las cuales 19.273 siguen encarceladas.
