QUITO (AP) — El gobierno de Guillermo Lasso, al que le queda poco más de tres meses en el poder, continuará la explotación de petróleo en una reserva de la Amazonia ecuatoriana -pese a que una consulta popular determinó finalizarla- hasta que se concrete el plan de cierre de operaciones.
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Así lo indicó el jueves el ministro de Energía, Fernando Santos, quien en una entrevista con el canal Ecuavisa sostuvo que “mientras no esté terminado el proceso de desmantelamiento parcial o total seguiremos explotando el crudo".
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Un 58,6% de los ecuatorianos que acudieron a las urnas el domingo para las elecciones generales contestaron que “sí” a la pregunta que planteaba dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43, localizado en el parque Yasuní y que se ubica en las provincias amazónicas de Pastaza y Orellana.
La Corte Constitucional que aprobó la realización de la consulta popular, solicitada por el grupo ambientalista Yasunidos, estableció que en caso de ganar el “sí” el proceso de desmantelamiento de la infraestructura petrolera debía realizarse en el plazo de un año. El proceso no será abrupto sino que se dará de manera “ordenada y progresiva” para precautelar, entre otros temas, la seguridad jurídica, según el fallo de la Corte.
El colectivo Yasunidos reaccionó a las declaraciones del ministro.
Desde la proclamación oficial de los resultados de la consulta, prevista para fines de septiembre, “se tiene que cumplir” el mandato popular por lo que hay actividades que este gobierno debe emprender, señaló a The Associated Press, Pedro Bermeo, vocero del colectivo. Añadió que el plan de abandono por parte de la estatal petrolera Petroecuador debía estar listo antes de la consulta, pues es un requisito para obtener la licencia ambiental.
Bermeo consideró que si una vez divulgados los resultados oficiales el gobierno sigue explotando sin comenzar a hacer el retiro progresivo “estaría incumpliendo la constitución, la ley y la voluntad popular”, por lo que alistarían acciones legales.
En el mismo sentido se pronunció Antonella Calle, de Yasunidos, quien dijo a AP que si bien “no es que de un día a otro” se va a producir el cierre del campo, le corresponde al gobierno actual “empezar con este plan de retiro progresivo” como ha dispuesto la Corte Constitucional.
Ante la reacción crítica de ambientalistas, el gobierno aclaró en un comunicado de la Secretaría de Comunicación que “reafirma su compromiso de respetar la decisión democrática” de los ecuatorianos expresada en las urnas, la cual acatará una vez que se proclamen los resultados oficiales, prevista a finales de septiembre.
De acuerdo con datos de la estatal petrolera Petroecuador, los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados en el bloque 43 en el parque Yasuní, tienen la capacidad de producir unos 55.000 barriles de crudo diarios y generar ingresos anuales por 1.200 millones de dólares. La producción nacional total es de cerca de medio millón de barriles al día. Actualmente, 80 de las 2.000 hectáreas que forman el bloque están siendo explotadas.
El parque Yasuní, de más de un millón de kilómetros de extensión, fue reconocido como reserva de biosfera por la UNESCO en 1989. Alberga centenares de especies de aves, anfibios y reptiles y en él habitan las comunidades indígenas en autoaislamiento Tagaeri y Taromenani.
El ministro Santos explicó que para iniciar el desmontaje de la infraestructura instalada en la zona desde 2016 —cuando inició la explotación petrolera— se requerirán unos 600 millones de dólares que no constan en el presupuesto de este gobierno, por lo que deberá asumirlo la siguiente administración.
“Antes de tocar un perno” para desmantelar la infraestructura se debe elaborar un plan que debe aprobarlo el Ministerio del Ambiente y “las comunidades que ahí habitan”, sostuvo el ministro. Sin embargo, dijo, “tenemos una duda legal” puesto que los habitantes de las provincias donde se asienta el bloque petrolero “han dicho que no”.
“Esta duda quisiéramos que se resuelva previamente a hacer los planes y ponerlos en marcha para cerrar los pozos”, añadió el secretario de Estado.
