SANTIAGO (AP) — El Consejo Constitucional, que redacta un nuevo proyecto de Ley Fundamental para Chile, aprobó el lunes una treintena de normas cuestionadas por el oficialismo izquierdista, con lo que la oposición mantuvo la mayoría de las disposiciones originales del texto que se votará en diciembre.
Los chilenos votaron hace tres años a favor de cambiar la constitución vigente, legada por una dictadura militar (1973-1990), y tras rechazar el año pasado un proyecto refundacional propuesto por una convención izquierdista, se aprestan a pronunciarse sobre un texto escrito por un Consejo de mayoría opositora.
El fin de semana una Comisión Mixta de consejeros y expertos, mayoritariamente opositores, rechazó las modificaciones impulsadas por el oficialismo y las devolvió al Consejo, que tras aprobarlas esta jornada con 32 votos a favor las restableció al texto original, mientras los 17 consejeros oficialistas sufragaron en contra.
Entre las normas aprobadas por el Consejo están las relacionadas con contribuciones, expulsión de migrantes irregulares y participación paritaria en elecciones populares.
Fue el penúltimo sufragio del Consejo. Para que concluya el actual proceso, sólo falta que se pronuncie en una votación única sobre el contenido final del proyecto.
Inicialmente se estima que votaría esta misma semana, pero algunos consejeros recordaron que debe esperar cinco días por si alguno de sus miembros decide acudir al árbitro del procedimiento con un posible reparo a las últimas normas aprobadas.
El oficialismo izquierdista ha incrementado las críticas a medida que se acerca el 7 de noviembre, fecha en que el Consejo entregará el texto al presidente Gabriel Boric para que convoque al plebiscito del 17 de diciembre y los chilenos decidan si lo aceptan o rechazan.
El consejero socialista Alejandro Kohler reiteró el cuestionamiento a la disposición que, afirma, restringe el derecho a huelga. La Constitución vigente señala que la huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivamente, mientras el proyecto lo circunscribe a los procesos de negociación colectiva.
La consejera opositora Pilar Cuevas calificó de “falsedad absoluta” las críticas oficialistas que afirman que el texto carece de normas pro mujer y puso de ejemplo la que señala que la ley “asegurará el acceso equilibrado” de mujeres y hombres a cargos de elección popular.
El oficialismo fracasó en su intento por eliminar la norma que deja exento de contribuciones al inmueble destinado a la vivienda principal —que entraría en vigencia en 2026— y otra que establece que los inmigrantes irregulares que lleguen por pasos inhabilitados serán expulsados “en el menor tiempo posible”, cuyo procedimiento será detallado por ley.
La consejera oficialista María Pardo afirmó que durante las negociaciones con la derecha, “en los temas más sustantivos, no hubo mejoras reales”, mientras Ruth Hurtado, dirigente del ultraderechista Partido Republicano, afirmó que han tenido un diálogo permanente con la izquierda.
Una encuesta de la consultora Cadem publicada el fin de semana señala que un 31% de los preguntados dijo que votaría por el “A favor” del texto y un 54% lo rechazaría.
La oposición derechista anticipó que aprobará el proyecto constitucional, mientras el oficialismo definirá una posición de conjunto el 7 de noviembre, aunque varios dirigentes del sector critican el texto.