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Fiscal argentino imputa a expresidente Fernández por presuntas irregularidades en seguros públicos

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, sonríe antes de un encuentro con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, en el palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 26 de junio de 2023. Un fiscal argentino imputó el jueves AP (Eraldo Peres/AP)

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BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal argentino imputó el jueves al expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) por presuntas irregularidades durante su gestión en la contratación de servicios de seguros para el sector público que habrían supuesto 20 millones de dólares en comisiones.

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El fiscal Ramiro González impulsó una acción penal contra el exmandatario a partir de una denuncia presentada en la justicia por operaciones poco transparentes de la compañía estatal Nación Seguros, que incluyó el pago de comisiones a allegados del exmandatario por encima del valor de mercado.

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En la resolución del fiscal, se estima en 20.000 millones de pesos anuales, equivalentes a 20 millones de dólares, el costo en comisiones por seguros al sector público.

Fernández no se pronunció sobre la imputación.

El exmandatario firmó en 2021 un decreto por el cual impuso al sector público la obligación de contratar servicios de seguros de forma exclusiva a “Nación Seguros S.A”, dependiente del público Banco Nación. Al frente de la aseguradora estaba Alberto Pagliano, un amigo del entonces presidente.

Según la denuncia, presentada por una abogada particular y dirigente del partido minoritario Coalición Cívica, “se consolidó un monopolio en el sector de seguros estatales que habría facilitado la intervención de reasegurados privados y brokers (intermediarios) en operaciones poco transparentes”.

Uno de los intermediarios fue el esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, quien habría cobrado una comisión del 17%, “tres veces mayor a la del mercado”, recoge la denuncia.

Como primera medida, el fiscal González pidió a Nación Seguros la totalidad de los contratos firmados tras la publicación del decreto y datos sobre los intermediarios. Estas diligencias deber ser aprobadas previamente por un juez.

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