QUITO (AP) — Los ecuatorianos votarán el domingo en una nueva una consulta popular que, de acuerdo con el gobierno, busca dar soluciones a uno de los problemas más agobiantes: la creciente violencia atribuida a bandas criminales relacionadas con el narcotráfico.
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Es la tercera consulta popular para los ecuatorianos en poco más de un año. El gobierno anterior del presidente Guillermo Lasso llamó a las urnas en febrero de 2023 también sobre temas de seguridad y ganó el “no”.
En los últimos tres años, Ecuador ha sido sacudido por una incontenible espiral delictiva que convirtió al país en uno de los más violentos del mundo, con una tasa que cerró el año pasado con más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes y un creciente número de secuestros, extorsiones, asaltos y otros delitos.
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Analistas coinciden en que, detrás de las 11 preguntas de la consulta, está la intención del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, de posicionarse con miras a su eventual reelección en las presidenciales de 2025. Noboa asumió un gobierno de transición a fines de noviembre para un período corto de año y medio que termina en mayo del próximo año.
Un total de 13,65 millones de ecuatorianos han sido convocados a pronunciarse en la consulta.
A pesar de la presencia constante de militares en las calles, cuyo trabajo en labores de seguridad interna está limitado por las leyes, el control de la violencia se ha convertido en el mayor desafío para las autoridades ecuatorianas.
El presidente Noboa declaró el 9 de enero, poco más de un mes de su toma de posesión, que Ecuador estaba en inmerso en un conflicto armado interno por acción de bandas criminales a las que catalogó de terroristas. También emitió un estado de excepción que limita los derechos de reunión, asociación y movilización.
Cuando Noboa anunció la consulta en febrero, una propuesta que llevó en campaña, argumentó que era necesaria para “construir un nuevo Ecuador, un país donde se combata la violencia, la inseguridad y se genere empleo”.
Aseguró que persigue tres objetivos: intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia, proteger a las fuerzas del orden en el combate a las mafias y exigir a la justicia que los condenados tengan penas más altas y promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas.
Pero para el analista político y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de los Hemisferios, Oswaldo Moreno, el presidente "está utilizando esta consulta para legitimar su período de gobierno” y constituirse en un líder fuerte con miras a "su intención de postularse a las elecciones presidenciales del próximo año”.
No obstante, reconoció que la consulta popular “y, en general, la democracia plebiscitaria es un ejercicio legítimo en la legislación ecuatoriana”, más allá de cualquier otra intención de los gobernantes.
Los resultados de las cinco preguntas del referendo, que contienen reformas constitucionales, son vinculantes. Las otras seis preguntas del plebiscito deben ser tramitadas por la Asamblea Nacional, que debe conocer y debatir las propuestas del ejecutivo en un plazo no mayor de 60 días, y aprobar o negar las normas que el mandatario deberá enviar a los asambleístas.
El analista y catedrático de la Universidad Andina, Gustavo Isch, aseguró que “no hay un liderazgo político fuerte en el país por fuera de lo que hace el actual presidente Noboa” y que, en ningún otro nivel de poder, "se evidencia una verdadera oposición que pueda cuestionar al gobierno o las preguntas”.
Añadió que quienes han expresado su oposición a la consulta y referendo “son voces que no tienen verdadero peso a nivel nacional”, excepto el dirigente Leónidas Iza, que representa a los indígenas y otros grupos, pero es muy cuestionado por las clases media y alta.
Un bloque de preguntas consulta a los ecuatorianos si está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas apoyen en las funciones de la policía de seguridad interna para combatir el crimen organizado, en que haya extradición de ciudadanos ecuatorianos —actualmente no permitido por ley— a otros países, en que se reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias económicas y en una enmienda a la Constitución y reforma al Código de Trabajo para permitir los contratos a plazo y por horas.
Otra serie plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones y explosivos de forma permanente en rutas y caminos, que se aumenten las penas para los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y explotación ilegal de recursos mineros.
También propone que las armas, explosivos y municiones decomisadas en delitos sean destinadas a la policía y a las Fuerzas Armadas, así como una ley de extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado.