ABIYÁN, Costa de Marfil (AP) — Dame Touré se apresuró a reunir todo lo que pudo cuando las topadoras irrumpieron en su vecindario en Abiyán, el núcleo económico de Costa de Marfil. Sus tres hijos la ayudaron, llenando bolsas de plástico con ropa y cualquier otra cosa que pudieran agarrar, antes de que su casa quedara reducida a escombros ante la mirada de fuerzas de seguridad armadas.
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La casa de los Touré era una de los cientos de viviendas destruidas en una oleada de demoliciones en febrero en las zonas desfavorecidas de Abiyán, una ciudad que crece con rapidez.
El gobierno lo atribuye a problemas de salud pública, porque las zonas pobres —construidas junto a una albufera en la ciudad portuaria de 6,3 millones de habitantes, en la costa sureña de África occidental— sufren inundaciones mortales en la época de lluvias. Más de 300 personas han muerto desde 2005, y las autoridades dicen que las áreas anegadas se convierten en fuentes de enfermedades transmitidas por agua y otros problemas de salud.
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“Ahora mis hijos y yo dormimos bajo el sol", dijo Touré, de 50 años. “No sabemos a dónde ir”.
Las demoliciones en vecindarios de bajos ingresos no son algo nuevo en Abiyán, donde el rápido desarrollo urbanístico ha disparado la población y reducido la vivienda disponible la ciudad, donde vive casi uno de cada cinco marfileños. Es un desafío que se repite en muchos lugares de África: las dificultades económicas empujan a más gente a las ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que presiona una infraestructura ya sobrepasada.
Sin embargo, las últimas demoliciones en Abiyán —principalmente en los empobrecidos suburbios de Gesco y Sebroko— están entre las más grandes en años, y se estima que han afectado a cientos de miles de residentes desde que comenzaron a finales de enero. Las familias desahuciadas y grupos de derechos dicen que en esta ocasión se está haciendo sin preaviso ni compensaciones.
Los analistas dicen que muchos gobiernos africanos tienen problemas para gestionar los incrementos de población en las ciudades y para cubrir las necesidades crecientes de infraestructura. Chimezie Anajama, investigador de política y fundador del grupo de desarrollo sin fines de lucro Blooming Social Pen, dijo que pocos gobiernos locales han logrado resolver el problema.
“Debe haber un firme compromiso de distintos gobiernos africanos de buscar soluciones creativas para abordar las brechas de infraestructura en ciudades africanas”, dijo Anajama.
Las autoridades en Abiyán han defendido las demoliciones y dicen que se han iniciado los traslados de las familias que se quedaron sin hogar a zonas más seguras.
En torno al 35% de los marfileños son pobres. El desabastecimiento de agua es una penuria cotidiana y muchos se ven obligados a recoger agua de arroyos para sus necesidades diarias. El país también enfrenta otros desafíos, como ataques yihadistas que se han expandido a los estados costeros de África occidental, como Costa de Marfil.
“El objetivo es proporcionar un (...) entorno decente para vivir a estas personas”, indicó sobre las demoliciones el ministro de Comunicaciones de Costa de Marfil, Amadou Coulibaly. El ministro afirmó en febrero que algunas de las personas desalojadas en vecindarios como Boribana están siendo reubicadas en al menos 1.000 casas construidas por el gobierno.
Sin embargo, muchas familias siguen sin hogar, varadas en distintas partes de la ciudad.
Las demoliciones se hacen “de una manera brutal (...) con consecuencias desastrosas para muchas familias ya vulnerables”, dijo en un comunicado la Liga Marfileña por los Derechos Humanos, que instó a las autoridades a detener la campaña.
Entre los afectados por los desahucios estaban casi 2.000 alumnos de la escuela Cha Hélène College en el barrio de Yopougon, reducida a escombros en febrero.
La escuela no había sido informada de que sería derribada, ni tampoco los ministerios de construcción o educación, dijo Sévérin Okpo Abe, fundador de la escuela. Finalmente los niños se incorporaron a otras escuelas cercanas.
La mayoría de los residentes desalojados que no dormían al raso se habían traslado a otras zonas del país o acampaban en otros lugares sin autorización.
“Nuestro propio país nos ha dejado sin hogar”, dijo Aimée Ouédraogo, vocera de un grupo de mujeres afectadas por los desalojos forzosos.
Los desahucios separaron familias, y los sin techo se dispersaron por la ciudad, añadió. “Ya no tenemos una casa, ya no tenemos a nuestra familia, ya no tenemos a nuestros hijos con nosotros”.
Ante la indignación y las protestas de los desahuciados, el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha pedido a las autoridades locales de Abiyán que “muestren solidaridad (...) para preservar la cohesión y la paz social”.
Sin embargo, las autoridades municipales dicen que la operación forma parte de un proyecto más amplio para reconstruir y proporcionar servicios básicos en esas zonas. Los terrenos se arrendarían a los desahuciados durante hasta 25 años, por unos 16 dólares al mes, afirman.
El gobierno anunció el 8 de abril que había empezado a compensar a los hogares afectados y que cada uno recibiría unos 405 dólares para financiar el traslado. En un país donde el salario mínimo es de unos 121 dólares al mes, algunos creen que no es suficiente para asumir el creciente coste de la vivienda.
“Todas las personas desplazadas recibirán el apoyo necesario para su traslado”, dijo Belmonde Dogo, ministro a cargo de los esfuerzos para combatir la pobreza.
El municipio de Yopougon, con residentes en su mayoría de clase trabajadora, también anunció planes para ayudar a los afectados.
Pero muchos, como Touré, dicen que se sintieron abrumados por la indefensión al ver a topadoras arrasando con sus vecindarios.
“No tenía a nadie en Abiyán y no tengo dinero para comprar una casa”, dijo la mujer, que tiene tres hijos y no sabe qué hacer a continuación. “No puedo hacerlo”.
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El periodista de Associated Press Chinedu Asadu en Abuya, Nigeria, contribuyó a este despacho.
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