TEPOTZOTLÁN, México (AP) — Ni la frustración por años de búsqueda sin éxito o el temor por la ausencia de protección de las autoridades mexicanas detuvo a decenas mujeres y hombres en su determinación de salir el viernes a buscar por su cuenta, sin el apoyo del gobierno, a sus familiares desaparecidos.
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Bajo un sol abrasador y en medio de un fétido olor, un grupo de activistas se adentró en un basurero de la localidad central de Tepotzotlán, en el Estado de México, para buscar a personas desaparecidas en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda, promovida por cientos de colectivos en todo el país que decidieron unirse para llamar la atención sobre la crisis humanitaria que arrastra México desde hace varias décadas y que acumula casi 100.000 personas desaparecidas.
“Es un momento de esperanza”, afirmó el activista Juan Carlos Trujillo Herrera, mientras su madre, la reconocida buscadora María Herrera, y otras de sus compañeras oraban y cantaban para darse ánimo poco antes de iniciar la búsqueda en el basurero y en un terrero del municipio vecino de Zumpango, donde luego de varias horas de cavar no encontraron restos humanos.
Aunque Herrera tiene 16 años buscando sin éxito a cuatro de sus siete hijos, la mujer de 74 años se mantiene incólume y ve esta etapa de unificación de los colectivos a nivel nacional como “la única forma que creemos que podemos tomar fuerzas para poder lograr hacer estas búsquedas”.
En el largo camino que ha transitado para encontrar a sus hijos, Herrera reconoció que una de las mayores dificultades que ha enfrentado ha sido la inacción de las autoridades para atender su caso y de miles de mexicanos que buscan a sus seres queridos, y es por ello que ve la determinación de los colectivos de no salir a las exploraciones en campo con los miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional como un acto de protesta.
“Hay momentos que dice ya… Esta es una obra que tendría que hacer el gobierno, y no lo hacen”, lamentó.
La decisión de distanciarse de las autoridades no es respaldada por todas las agrupaciones de “madres buscadoras”, como se conoce en México a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, pero algunos activistas lo ven como una nueva esperanza. Confían en que unidas podrán enfrentar los riesgos que padecen a diario cuando se adentran solas, sin la protección de las fuerzas de seguridad, para buscar a sus parientes en regiones controladas por grupos delictivos.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado desde 2019 nueve casos de mujeres que fueron asesinadas en represalia por sus actividades de búsqueda. Otras organizaciones como la Plataforma por la Paz y la Justicia del estado central de Guanajuato estiman que desde 2010 se han registrado 20 asesinatos de buscadoras, de los cuales 15 ocurrieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hace dos meses dos activistas que buscaban a sus familiares, Noé Sandoval y Ángela León, murieron en tiroteos en los estados de Guerrero y Baja California, el primero en el sur y el segundo en el noroeste del país.
Al explicar las razones que los llevaron a distanciarse del gobierno, unos 250 colectivos de todo el país agrupados en la Unificación Nacional de Familias Buscadoras expresaron en un comunicado que “sentimos el abandono del Estado para responder a esta situación, que es una verdadera emergencia nacional”.
Las deficiencias de las autoridades mexicanas para atender la problemática han sido denunciadas desde hace años por activistas, organizaciones humanitarias y organismos internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Tras una visita que realizó en noviembre de 2021 a México, el comité expresó preocupación por la impunidad que impera en los casos de desapariciones, y señaló en un informe que “la deficiente investigación de tales hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
Para atender esa situación el comité planteó que las autoridades deben reconocer todas las formas de responsabilidad del Estado, tanto cuando hay acción directa en los crímenes como cuando hay complicidad u omisión en desapariciones efectuadas por organizaciones criminales.
En ese sentido, Mónica Meltis, directora de Data Cívica —una organización civil dedicada al estudio y recopilación de datos para la defensa de los derechos humanos— planteó que es fundamental que los colectivos mexicanos trabajen de manera unificada.
“Si bien se ha invertido muchísimo en instituciones, muchísimos recursos... la realidad es que las familias son quienes siguen buscando y son quienes tienen información, son quienes están en el territorio”, señaló Meltis.
López Obrador ha desestimado las críticas y ha asegurado que su gobierno está comprometido en atender la problemática de los desaparecidos.
Tras la polémica que se desató a fines del año pasado por la decisión del gobierno de realizar un nuevo censo de personas desaparecidas —algo que activistas y organizaciones humanitarias consideraron un intento por reducir las cifras de personas no localizadas—, López Obrador defendió la medida, asegurando que lo que se quería era “poner orden”.
Pero en marzo las autoridades presentaron un nuevo censo que redujo la cifra de desaparecidos de casi 111.000 el año pasado a 99.729. El gobierno atribuyó el descenso a que las personas localizadas y así registradas fueron más de 5.500 desde agosto a marzo.
Aunque las autoridades reiteradamente negaron que se vayan a eliminar datos, Data Cívica presentó en marzo un estudio que reveló que faltan 10.953 nombres de desaparecidos en el censo.
Ante el hallazgo, algunas asociaciones humanitarias locales y familiares de personas desaparecidas exigieron al gobierno preservar los diferentes registros, e instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité contra la Desaparición Forzada a actuar para proteger los datos de los miles de mexicanos que aún no han sido localizados.
El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero los registros se dispararon a partir de la década de 2000, con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los cárteles que emprendió el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
El problema tuvo su expresión más controversial en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.