WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema programó una sesión especial para escuchar argumentos sobre si el entonces presidente Donald Trump puede ser procesado por sus esfuerzos para revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.
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La causa, que se presentará el jueves, surge de los intentos de Trump de que se desestimen los cargos en su contra. Tribunales inferiores han determinado que él no puede demandar por medidas que, según los fiscales, buscaban interferir con los resultados electorales ilegalmente.
El expresidente republicano ha sido acusado ante un tribunal federal de Washington de conspirar para anular las elecciones de 2020, una de las cuatro causas penales que enfrenta. En la ciudad de Nueva York comenzó un juicio por pagos de dinero a una estrella porno para encubrir un presunto encuentro sexual.
La Corte Suprema avanza más rápidamente que lo habitual al abordar el caso, aunque no tanto como quería el fiscal especial Jack Smith, lo que plantea interrogantes sobre si habrá tiempo para celebrar un juicio antes de las elecciones de noviembre, si los magistrados están de acuerdo con los tribunales inferiores en que Trump puede ser procesado.
Los jueces fallaron a principios de este mandato en otro caso que surgió de las acciones de Trump después de las elecciones, que culminaron con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. El tribunal sostuvo por unanimidad que los estados no podían invocar una disposición de la 14.ª enmienda conocida como cláusula de insurrección para impedir que Trump aparezca en las boletas para la elección presidencial.
Algunos aspectos destacados de la causa:
Cuando los magistrados acordaron el 28 de febrero escuchar el caso, lo plantearon de esta manera: “Si, y en qué medida, un expresidente disfruta de inmunidad presidencial ante un proceso penal por conducta que presuntamente involucra medidas oficiales durante su tiempo de mandato”.
Esa es una pregunta que la Corte Suprema no había tenido que responder. Nunca un expresidente enfrentó cargos penales, por lo que el tribunal no ha tenido oportunidad de abordar la cuestión de si la función singular del presidente significa que goza de inmunidad judicial, incluso después de haber dejado el cargo.
Ambas partes señalan la ausencia de procesamientos previos para respaldar sus argumentos. Los abogados de Trump dijeron al tribunal que los presidentes perderían su independencia y serían incapaces de desempeñarse en su labor si supieran que sus acciones en funciones pueden dar lugar a cargos penales una vez finalizados sus mandatos. El equipo de Smith escribió que la falta de cargos penales previos “subraya la naturaleza sin precedentes” de lo que se acusa a Trump.
Richard Nixon renunció en deshonra a la presidencia hace casi 50 años en lugar de enfrentar un juicio político por parte de la Cámara de Representantes y la destitución de su cargo por el Senado debido al escándalo Watergate.
Tanto los abogados de Trump como el equipo de Smith invocan a Nixon ante la Corte Suprema.
El equipo de Trump cita Nixon vs. Fitzgerald, un caso de 1982 en el que la Corte Suprema sostuvo, por 5 votos a favor y 4 en contra, que los expresidentes no pueden ser demandados en casos civiles por sus acciones mientras estaban en el cargo. El caso surgió del despido de un analista civil de la Fuerza Aérea que testificó ante el Congreso respecto a sobrecostos en la producción del avión de transporte C-5A.
“En vista de la naturaleza especial del cargo y las funciones constitucionales del presidente, creemos apropiado reconocer la inmunidad presidencial absoluta frente a la responsabilidad por daños y perjuicios por actos dentro del ‘perímetro exterior’ de su responsabilidad oficial”, escribió el juez Lewis Powell para el tribunal.
Pero esa decisión reconoció una diferencia entre las demandas civiles y la aplicación “de mucho más peso” de las leyes penales federales, dijo el equipo de Smith al tribunal. También invocó la decisión del tribunal superior que obligó a Nixon a entregar cintas incriminatorias de la Casa Blanca para usarlas en los procesamientos de sus principales asistentes. Y los fiscales también señalaron que el indulto del presidente Gerald Ford a Nixon, y su aceptación por parte de Nixon, se basó “en el entendimiento de que el expresidente enfrentaba una posible responsabilidad penal”.
El subtexto de la lucha por la inmunidad tiene que ver con el tiempo de ejecución. Trump ha buscado retrasar el juicio hasta después de las elecciones, cuando, si recuperara la presidencia, podría ordenar al Departamento de Justicia que abandone el caso.
Los fiscales han presionado para que la Corte Suprema tome una decisión rápida para que el tiempo pueda reiniciarse en los preparativos del juicio. Podrían pasar tres meses antes de que comience realmente el juicio una vez que el tribunal actúe.
Si el tribunal dicta su decisión a finales de junio, que sería el plazo típico para un caso presentado cuando el período de sesiones está tan avanzado, podría no haber tiempo suficiente para iniciar el juicio antes de las elecciones.
Trump está representado por D. John Sauer, exbecario Rhodes y secretario de la Corte Suprema para el juez Antonin Scalia. Mientras se desempeñaba como procurador general de Missouri, Sauer ganó el único caso de la Corte Suprema que ha defendido hasta ahora, una decisión de 5 a 4 en un caso de ejecución. Sauer también presentó escritos legales en los que pidió a la Corte Suprema repudiar la victoria de Biden en 2020.
Además de trabajar para Scalia al principio de su carrera jurídica, Sauer también se desempeñó como asistente legal de Michael Luttig cuando era juez designado por los republicanos en el tribunal federal de apelaciones con sede en Richmond, Virginia. Luttig se unió a otros exfuncionarios del gobierno en un escrito que instó a la Corte Suprema a permitir que prosiga el procesamiento. Luttig también aconsejó al vicepresidente Mike Pence que no sucumbiera a la presión de Trump para rechazar algunos votos electorales, parte del último plan de Trump para permanecer en el cargo.
Los jueces conocen bastante bien al oponente de Sauer, Michael Dreeben. Como funcionario del Departamento de Justicia desde hace mucho tiempo, Dreeben argumentó más de 100 casos en el tribunal, muchos de ellos relacionados con el derecho penal. Dreeben formó parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y se unió al equipo de Smith el año pasado tras un tiempo en la práctica privada.
En el primer caso de Dreeben ante la Corte Suprema hace 35 años, se enfrentó al actual presidente de esta, John Roberts, entonces abogado que se desempeñaba en la práctica privada.
De los nueve jueces que entienden en el caso, tres fueron nominados por Trump: Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Pero es la presencia del juez Clarence Thomas, confirmado décadas antes de la presidencia de Trump, la que ha generado la mayor controversia.
La esposa de Thomas, Ginni Thomas, instó a revertir los resultados de las elecciones de 2020 y luego asistió a la manifestación que precedió a los motines en el Capitolio. Eso ha provocado llamados para que el juez se aparte de varios casos judiciales que involucran a Trump y al 6 de enero.
Pero Thomas ha ignorado las llamadas y participó en la decisión judicial unánime que encontró que los estados no pueden sacar a Trump de la boleta electoral, así como en los argumentos de la semana pasada sobre si los fiscales pueden usar un cargo de obstrucción particular contra los acusados del asalto al Capitolio. Trump enfrenta el mismo cargo en el procesamiento del fiscal especial Jack Smith en Washington.