CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en la creación de un fondo público que complementará las jubilaciones de los mexicanos y que estará financiado con recursos no reclamados del actual sistema de cuentas individuales, está más cerca de hacerse realidad.
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La Cámara de Diputados, en un encendido debate que se da cuando falta mes y medio para las elecciones generales del 2 de junio, aprobó el lunes la reforma en lo general con el apoyo del partido oficialista Morena y sus aliados, y el rechazo de toda la oposición.
La votación del texto en lo particular, que previsiblemente tendría el mismo resultado, se preveía para ya entrada la madrugada del martes. De aprobarse, la propuesta se trasladaría al Senado, donde el oficialismo también tiene mayoría.
La reforma a las pensiones forma parte de la batería de leyes que López Obrador quiere sacar adelante antes de que acabe el actual periodo de sesiones parlamentarias.
Según el gobierno, gracias al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será financiado, entre otras vías, con los fondos no reclamados de las cuentas individuales para el retiro —las llamadas AFORES—, los mexicanos podrán jubilarse con el 100% de su último salario registrado ante el Instituto Nacional del Seguro Social.
El Fondo funcionará como un fideicomiso público —-un instrumento financiero que ha sido tachado incluso por el propio gobierno como poco transparente—, gestionado por el Banco de México.
Los partidos de la oposición creen que se pondrán en riesgo ahorros que los trabajadores pusieron en esas cuentas, y por eso anunciaron que recurrirán la ley, por considerarla inconstitucional.
Las AFORES fueron creadas en 1997: los programas de pensiones de México, que padecen terriblemente de insuficiencia de fondos, fueron transformados en cuentas individuales, en las que un trabajador y su empleador contribuyen a una cuenta personal de inversiones para su jubilación.
Desde hace tiempo López Obrador ha criticado ese cambio, diciendo que el gobierno mismo debería garantizarle a todo el mundo una pensión equivalente al 100% de su último salario recibido.
Como el gobierno carece de dinero suficiente para hacer eso, de ahí la propuesta de tomar fondos de las cuentas individuales “no reclamadas”, aunque después de las críticas suscitadas el mandatario aseguró que los trabajadores no perderán el derecho a reclamar los recursos de sus pensiones porque son imprescriptibles, aunque no precisó cómo será la forma de hacerlo.
En México hay una masa laboral de 60 millones de personas, según la última cifra de la población económicamente activa, y más de seis millones de pensionistas acogidos a diferentes sistemas de jubilación.
Además, existe una jubilación universal que da el gobierno a los mayores de 65 años, hayan cotizado o no, que está pensada para que los trabajadores informales puedan tener algunos ingresos.