QUITO (AP) — Más de 2,4 millones de estudiantes de ocho provincias de Ecuador, entre las más violentas del país, iniciaron el lunes un nuevo año escolar, en medio de una arremetida de violencia, por lo que el gobierno ofreció la vigilancia de unos 3.500 policías para proteger a escuelas y colegios bajo mayor riesgo.
En la escuela Los Vergeles, del norte de Guayaquil, la ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció la puesta en marcha de un plan “no solo para los niños y adolescentes, sino a los docentes” para proteger a las escuelas y las familias.
Destacó que tras un estudio de seguridad, se ha determinado que 1.537 centros educativos requieren de vigilancia policial debido al nivel de amenaza criminal.
Las bandas criminales asedian a los estudiantes de escuelas y colegios, especialmente en la parte externa, y les ofrecen drogas o convertirse en pequeños vendedores de narcóticos, además buscan vincularlos a actividades criminales.
De acuerdo con cifras del ministerio de Educación, las actividades de los grupos criminales han ocasionado que en el año lectivo 2023-2024, un total de 64.024 estudiantes de esas ocho provincias dejaran sus estudios, comparado con el año anterior. En las restantes 16 regiones del país, no se matricularon 38.238 alumnos en el mismo lapso.
No hay estudios que determinen si esos jóvenes no regresaron a clases debido a la acción de las bandas armadas ni tampoco el número de los que abandonaron la educación por problemas económicos de la familia.
El exconsejero de seguridad presidencial, Paco Moncayo, en declaraciones a The Associated Press, aseveró que los estudiantes no solo están amenazados desde fuera con la venta de drogas, sino que “están presionados desde adentro, porque hay organizaciones que están obrando en los propios centros educativos”.
Añadió que “nunca vamos a disponer de suficientes medios policiales o militares” para custodiar los centros educativos, pero “con una buena estrategia se puede contener a esas bandas e incluso la presencia policial ya actúa como un medio disuasivo”.
El coronel de policía Walter Gómez, jefe de operaciones de la zona 8, donde está Guayaquil, aseveró que junto con la comunidad "vamos a estar interactuando permanentemente para el desarrollo de este proceso estudiantil se inicie y siga con toda normalidad”.
En barriadas pobres de Guayaquil o Durán, las más violentas del país, los padres de familia además han conformado desde el año pasado brigadas de seguridad para evitar que los narcotraficantes se acerquen a los menores a la entrada o salida de clases, que los roben o extorsionen.
El presidente Daniel Noboa, en la misma inauguración del año escolar, convocó a los escolares a “mantenerse alejados de las pandillas y las drogas, esa es su decisión”, dijo y destacó que en los centros escolares “encontrarán las oportunidades” para alcanzar sus propias metas “sobresalir, ser mejores y cambiar su destino”.