CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Asamblea Nacional de Nicaragua derogó el miércoles la ley del gran canal interoceánico y anuló la concesión otorgada a un empresario chino para construir ese megaproyecto que jamás se concretó.
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En una sesión plenaria, los 91 diputados del gobernante Frente Sandinista y sus aliados votaron por unanimidad para derogar la “ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a el canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas” aprobada en 2013.
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Los legisladores oficialistas también reformaron artículos de la ley que establecían un acuerdo de concesión e implementación del megaproyecto. Esta obra, según anunció en su momento el gobierno sandinista de Daniel Ortega, se ejecutaría con una inversión total de 50.000 millones de dólares.
Con esta reforma quedó anulada la concesión otorgada a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, con base en Hong Kong y propiedad del empresario chino Wang Jing.
El tema del canal interoceánico de Nicaragua, que en su momento despertó gran interés, fue llevado en 2021 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por grupos ambientalistas que acusaron al gobierno de “violentar los derechos de las comunidades indígenas” rama y creole, al no consultarlos sobre la aprobación de la ley.
En la demanda ante la CorteIDH, se acusa al Estado nicaragüense de violación de los derechos a la propiedad, derechos políticos, de igual protección ante la ley, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a un medioambiente sano de nueve comunidades indígenas que habitan en la zona elegida para la construcción de la vía interoceánica.
Según María Luisa Acosta, abogada del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, se espera que el tribunal dicte sentencia sobre el caso en las próximas semanas. Se estima que al menos la mitad de la extensión del proyecto canalero afectaba a territorios indígenas en el Caribe sur de Nicaragua.
Figuras de la oposición al gobierno de Ortega celebraron la derogación de la Ley 840 y la calificaron como “un logro” de grupos campesinos e indígenas que se opusieron a la construcción del canal mediante más de un centenar de marchas y manifestaciones realizadas entre 2013 y 2018.
“Este es un importantísimo logro del movimiento campesino, las comunidades indígenas y afrodescendientes, ambientalistas y la sociedad civil de Nicaragua”, dijo la abogada ambientalista Mónica López Baltodano, quien fue forzada al exilio por su oposición al gobierno de Ortega.
Agregó que “es cierto que la dictadura sigue en pie, pero la derrota de esta concesión del canal interoceánico, en un recorrido de 11 años de lucha, es parte del camino para salir de la tiranía”.