QUITO (AP) — El exministro ecuatoriano Javier Córdova, quien estuvo al frente de varias carteras de estado durante los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno, fue llamado a juicio el lunes acusado del delito de enriquecimiento ilícito.
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En su cuenta de X, antes Twitter, la Fiscalía general aseveró que con base a 110 pruebas, el juez nacional Marco Rodríguez llamó a juicio a Córdova y ratificó la orden de prisión preventiva y la inmovilización de las cuentas bancarias por un monto de 1,28 millones de dólares, equivalente al "valor del enriquecimiento ilícito establecido mediante la pericia financiera”.
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Córdova, quien entre enero de 2012 y enero de 2018, ocupó funciones en varias carteras de Estado — las más destacadas como ministro de Recursos Naturales y Minería y viceministro del Interior— se encuentra prófugo y tiene un circular roja de la Interpol desde inicios de este año. De acuerdo a la fiscalía, durante ese lapso, se registró “un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado”.
La fiscalía destacó que el aumento del patrimonio se produjo “de manera constante y continuada a través de actividades financieras de diversa índole, como el pago de valores realizado por terceras personas en efectivo”, además de cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos que no contaban con justificación o respaldo documentado.
Durante ese tiempo se detectó la compraventa de motocicletas, la compra de vehículos, que eran pagados por terceras personas; depósitos, transferencias bancarias y la cancelación de deudas de tarjetas de crédito a través de “personas sin que tengan relación comercial”, dice la fiscalía.
Entre otro cargos públicos, Córdova se desempeñó como ministro de Minería, de febrero de 2015 a mayo de 2017, durante el régimen de Correa (2007-2017), pero siguió en esa cartera hasta enero de 2018, durante la gestión de Moreno (2017-2021).
El mismo expresidente Correa, su vicepresidente Jorge Glas, varios de sus más cercanos colaboradores y funcionarios de gobierno se encuentran prófugos o encarcelados debido sentencias por recurrentes actos de corrupción.
