LIMA (AP) — El Congreso peruano aprobó el miércoles una polémica propuesta de ley que desplaza a la fiscalía de la investigación inicial o preliminar de los delitos, así como de la recolección de las pruebas periciales, y traslada esta función a la policía, una institución subordinada al gobierno de turno.
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La propuesta fue aprobada en segunda votación con 80 votos a favor y 30 en contra. Dependerá de la presidenta Dina Boluarte si la promulga o la devuelve al Parlamento con observaciones, o deja pasar 15 días sin realizar ninguna acción y el Congreso la aprueba por medio del mecanismo llamado “insistencia”.
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Boluarte no se ha pronunciado, pero el ministro del Interior Juan Santiváñez —investigado por la fiscalía en un caso por presunto abuso de autoridad— dijo hace dos semanas que la propuesta "no es un golpe a la justicia, es un golpe a la realidad porque quienes intervienen son los policías, quienes ponen el pecho son los policías, quienes, finalmente, tienen que resolver el tema son los policías”.
La propuesta afecta la separación de poderes del Estado y se opone al artículo 159, inciso 4 de la Constitución, que otorga a la fiscalía “conducir desde su inicio la investigación del delito”, dijo la semana pasada el fiscal general Juan Villena en un pronunciamiento. Añadió que se busca que las "investigaciones sean de conocimiento y dirección del poder ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, del cual depende la policía”. La investigación preliminar dura 60 días, luego de lo cual, si existen pruebas, la fiscalía puede iniciar otra etapa llamada investigación preparatoria y después viene la acusación ante un juez.
La fiscalía en Perú —que es un órgano autónomo— mantiene investigaciones contra funcionarios de alto nivel, incluida Boluarte, quien está bajo indagación por presunta corrupción y por su posible responsabilidad en las muertes de manifestantes antigubernamentales en 2022 y 2023. Más de la mitad de los 130 legisladores del Congreso enfrentan investigaciones por diversos delitos. Gracias a la protección de una coalición de grupos políticos en el Parlamento, la mandataria, que no tiene bancada, se mantiene en el poder y ha sobrevivido a siete intentos de destitución desde su ascenso a la presidencia a fines de 2022.
El fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez-Cotrina, dijo el lunes a la radio local RPP que la propuesta busca "sacar todos los casos de corrupción de la fiscalía para pasarlos a la policía... definitivamente, quieren controlar las investigaciones vinculadas a corrupción de funcionarios”.
"¿Qué ocurriría si es que estas investigaciones pasan a la policía? Definitivamente, si un policía tiene la osadía de investigar a un funcionario de alto nivel que sea allegado al gobierno de turno, simplemente lo van a llamar o lo van a cambiar y se acabó la investigación”, dijo Chávez-Cotrina.
El Congreso, que tiene 5% de aceptación y 91% de desaprobación entre el público, según un sondeo nacional del Instituto de Estudios Peruanos efectuado en agosto, ha aprobado otras leyes polémicas, entre ellas una que elimina las sanciones por el delito de lesa humanidad ocurridas antes de 2002 y otra norma que no considera organizaciones criminales a los grupos que extorsionan, secuestran o asaltan.
