PALMA, 23 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Según expone la fiscal en su escrito de acusación, durante la segunda mitad de 2019 uno de los acusados, entonces de 24 años, contactó a través de una tercera persona que se encontraba en Ecuador con la víctima, que también residía en el país sudamericano.
Tras ganarse su confianza, y conocedor de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba --desempleada, con una hija menor a su cargo y recientemente salida de un tratamiento contra el cáncer--, le ofreció la posibilidad de viajar a España bajo la promesa de que le ayudaría a encontrar un empleo y de que él mismo gestionaría la compra de los pasajes de avión.
La mujer aceptó la oferta, consiguió un visado y aterrizó en Palma procedente de Caracas el 23 de noviembre de ese mismo año. El acusado la recogió del aeropuerto y la trasladó hasta la localidad de Alcúdia, donde le indicó que residiría y trabajaría ejerciendo la prostitución para saldar la deuda de 4.000 euros que había contraído con él.
Para intimidarla, le dijo que trabajaba para una mafia y que, si no cumplía con sus exigencias, "la mataría y la tiraría al mar". También amenazó con hacer daño a su familia y le advirtió que no alertara a nadie de su situación, siempre según la fiscal.
El inmueble de Alcúdia en el que la víctima se vio forzada a quedarse estaba regentado por la segunda acusada, una mujer que por aquel entonces tenía 39 años y quien se encargaba de anunciar los servicios sexuales y de fijar las condiciones de trabajo de la víctima. Ésta debía estar disponible durante todo el día y durante toda la semana, a excepción de los domingos.
Pocos días después el acusado "se impacientó con el cobro de la deuda" y propuso a la perjudicada la posibilidad de enviarla a la República Checa, algo a lo que se negó. Finalmente fue trasladada a Inca, donde pudo pedir ayuda y salir de la situación en la que se encontraba.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de delitos de trata de seres humanos y de prostitución coactiva. Para el hombre, como supuesto autor de ambos solicita una pena de nueve años y ocho meses de prisión; para la mujer, solo por el segundo, de tres años de cárcel.
También interesa que ambos indemnicen a la víctima con 15.000 euros por los daños morales causados. A consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió estrés postraumático.
